La ausencia de todos o parte de requisitos necesarios para que el acto produzca los efectos para los que estaba previsto, conlleva la declaración de ineficacia del acto, que puede apreciarse, tanto a instancia de la parte que le perjudica, como de oficio por el propio órgano judicial, aunque las consecuencias de dicha declaración serán diferentes, atendiendo a la naturaleza del acto:

NULIDAD ABSOLUTA (O DE PLENO DERECHO)

Se trata de la consecuencia más grave que puede recibir un acto procesal, y esta solo se produce cuando omite los requisitos esenciales o indispensables para lograr su fin o cuando coloque a alguna de las partes en una situación de efectiva indefensión. Como la nulidad de pleno derecho es un remedio excepcional, solo se puede acordar en los supuestos que describe el art. 238 LOPJ, y 225 LEC.

Pues como viene siendo ya de costumbre desde que comenzó el estado de alarma, que no nos deja mucho tiempo para analizar las nuevas normas de manera sosegada, procedemos de forma urgente y práctica a comentar las principales novedades que incorpora el Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, y que entro en vigor el pasado 13 de mayo de 2020, el cual deriva del denominado “Acuerdo Social en Defensa del Empleo” que suscribieron los agentes sociales y el Gobierno.

La principal novedad a destacar es la ampliación temporal de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor derivados de la crisis sanitaria y su desvinculación del estado de alarma, así como las matizaciones o flexibilizaciones que se incorporan a la cláusula temporal de mantenimiento del empleo ligada a los citados ERTE.

Hemos de comenzar indicando que nuestra norma procesal laboral es bastante más exigente que la civil al imponer determinadas exigencias formales a la sentencia laboral, pues la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) no impone a priori una determinada extensión o un cierto modo de razonar, tales como expresar porqué se ha llegado a establecer como probados determinados hechos o la de exigir que el fallo debe fundamentarse “suficientemente”.

El primer requisito que debe cumplir la motivación de la sentencia es que la misma sea expresa, es decir, que se exteriorice mediante la exposición y valoración de los elementos de hecho que llevan a la producción de la decisión judicial en el correspondiente fundamento de la sentencia, de manera que, tanto partes como en su caso el órgano superior puedan conocer las razones que han conducido a su pronunciamiento. 

Como ya viene siendo de costumbre durante estos meses que llevamos de estado de alarma, volvemos a comentar una nueva norma que tiene implicaciones para los operadores jurídicos. Se trata del Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Empezando ya con una opinión personal, creo que esta nueva norma no va a ayudar mucho a superar el colapso judicial generado por la crisis del coronavirus que, como sabemos, la declaración del estado de alarma, paralizo todos los plazos procesales y suspendió la actividad judicial. Estamos más ante un parche, máxime teniendo en cuenta su ratio temporal de vigencia de tres meses.