El teletrabajo se configura como una modalidad de prestación de servicios, cuyas especiales circunstancias de desarrollo exigen una mayor capacitación de la persona que teletrabaja. En efecto, ya sea porque el asalariado se encuentra deslocalizado, es decir, fuera del centro de trabajo y, por lo tanto, fuera del ámbito rector de los poderes empresariales, ya porque este goza de mayor libertad y flexibilidad a la hora de gestionar sus tiempos de trabajo o por el uso intensivo de las TIC, en este escenario se viene demandando un perfeccionamiento de las competencias profesionales del teletrabajador.

Y ello con la finalidad de reforzar su cualificación tanto en el uso de las nuevas tecnologías como en otros ámbitos relacionados con la organización del trabajo, la desconexión, la conciliación de su vida profesional y personal o la seguridad y salud laboral. Por ello, podemos concluir que potenciar la formación del trabajador, adquiere, en este régimen, todavía más importancia, por cuanto el teletrabajador a la hora de toparse a la imparable llegada de nuevas herramientas de trabajo -cada vez más digitales y sofisticadas- lo hará “solitario”, debiendo ser autosuficiente para adoptar un comportamiento responsable y adecuado en el uso de dichos instrumentos digitales.

Tenemos nueva norma importante para todos los laboralistas. El pasado jueves 14 de julio entró en vigor la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación. Esta norma pretende a ser el eje vertebrador del derecho antidiscriminatorio de nuestro país, de forma que desarrolla en profundidad los distintos campos de actuación derivados del art. 14 de nuestra Constitución.

El art. 10.3 del Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial del personal de alta dirección (RDAD en adelante) dice lo siguiente:

“El alto directivo podrá extinguir el contrato especial de trabajo con derecho a las indemnizaciones pactadas, y en su defecto fijadas en esta norma para el caso de extinción por desistimiento del empresario, fundándose en las causas siguientes:

En el proceso laboral se aplicarán los mismos medios de prueba previstos en la LEC, con las especialidades expresamente previstas en los arts. 87 y 90-96 de la LRJS. Se trata de los siguientes medios de prueba: interrogatorio de las partes, interrogatorio de testigos, prueba pericial, prueba documental, informes de expertos y, aunque no aparezca expresamente regulado como medio de prueba en el art. 94 LRJS, por remisión al art. 299 LEC, supletorio, los medios de reproducción de la palabra, sonido e imagen, “así como los que instrumentos que permitan archivar y conocer o reproducir palabras, datos, cifras y operaciones matemáticas llevadas a cabo con fines contables o de otra clase, relevantes para el proceso”.

Los arts. 90 a 95 LRJS contienen las especialidades laborales que, conjuntamente con las civiles, se aplicarán a estos medios de prueba. Fundamentalmente vienen determinadas por los principios esenciales del proceso laboral: oralidad, celeridad, concentración e inmediación.