Hoy comentamos de forma breve dos sentencias recientes que me han parecido interesantes para el mundo laboralista y me gustaría que tuvieseis conocimiento de ellas.

La primera sentencia que vamos a comentar tiene que ver con la famosa cláusula del mantenimiento de empleo, en este caso cuando se hace un Erte y posteriormente el empresario se jubila.

El tiempo avanza y la casuística relacionada con los Ertes va aumentando según las decisiones que van adoptando los Juzgados y Tribunales respecto de las medidas especiales que se han ido aprobando con motivo de la pandemia del COVID-19. Hemos analizando en otra entrada, por ejemplo, sobre si pueden realizarse despidos durante la vigencia de las normas especiales del COVID; sobre cómo deben calificarse, en caso de hacerlos, dichos despidos; sobre si se puede despedir a un trabajador que se niega a cumplir las medidas de protección del CORONAVIRUS, entre otros supuestos.

La entrada de hoy analiza un tema que llevaba tiempo querer tratar pero que dada su extensión, ha tardado un poco más. Analizamos la sentencia del Tribunal Supremo núm. 805/2020, de 25 de septiembre, la cual declara la laboralidad de uno de los repartidores de la empresa Glovo. Os lo cuento a continuación.

En la entrada de hoy quiero realizar un análisis de algunas sentencias que se están produciendo ya vinculadas a los despidos disciplinarios en la actual situación de pandemia. Y creo que es importante comentarlas porque ya vemos criterios dispares que desembocan en una evidente inseguridad jurídica, tanto para empresas como para trabajadores, en una cuestión tan importante como es la resolución de la relación laboral. Desde despidos procedentes, pasando por improcedentes y hasta nulos resuelven temas idénticos. Veremos como hay fallos que que califican como nulo el despido de un trabajador por padecer COVID-19 y otras lo califican como improcedente al no equipararse con una discapacidad. Procedemos a su estudio.

El Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado el pasado 29 de diciembre, una sentencia de gran importancia al modificar el criterio que venía manteniendo desde finales de los años noventa, por el que consideraba causa válida para celebrar un contrato de obra o servicio la relación mercantil existente entre empresa contratista y empresa principal, ligando su duración a la de la contrata.

ANTECEDENTES DE HECHO

El 1 de marzo de 2000 el trabajador, cuya relación laboral es el objeto de debate, firmó un contrato de trabajo de obra o servicio determinado con Babcock Montajes S.A, con la categoría profesional de oficial de primera, instrumentación, grupo IX del Convenio colectivo de la siderometalurgia de Ciudad Real, hasta fin de obra (mantenimiento mecánico, eléctrico e instrumentación y control de las áreas de gasificación y ASU, y modificaciones/reparación contrato suscrito con Elcogas).