EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA 

El principio de capacidad económica es el principio material de justicia en el ámbito tributario. Principio que se recoge en el artículo 31 de la Constitución, cuando dispone que "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica". También lo recoge el artículo 3.1 de la Ley General Tributaria.

Afirmar que se debe contribuir, que se deben pagar tributos, de acuerdo con la capacidad económica de quien los paga es una afirmación en la que todo el mundo esta conforme. Las discrepancias comienzan en el momento de determinar qué hechos son indicativos de capacidad económica. A este respecto, hay que aceptar el denominado principio de normalidad, según el cual el legislador, cuando configura una determinada situación como hecho imponible, está atendiendo a un supuesto que, normalmente, es indicativo de capacidad económica.

EL PRINCIPIO DE GENERALIDAD

Dispone el artículo 31 CE que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario...”. En el mismo sentido, el artículo 3.1 de la Ley General Tributaria previene que “La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad”.

Con el término todos la Constitución ha querido hacer referencia no sólo a los ciudadanos españoles, sino también a los extranjeros, así como a las personas jurídicas, españolas y extranjeras. Esto no es más que una consecuencia del principio de territorialidad en la eficacia de las normas.

De acuerdo con el artículo 2.2.b de la Ley General Tributaria son contribuciones especiales los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.

De esta definición legal se desprende que la nota definitoria de las Contribuciones Especiales está en el aspecto material del elemento objetivo del hecho imponible, al igual que ocurre con el impuesto y la tasa. Del impuesto se diferencia en que en la Contribución Especial hay siempre una actividad administrativa. De la tasa se distingue por el hecho de que, aun cuando en las dos categorías debe concurrir una determinada actividad administrativa, la que da lugar al pago de contribuciones especiales está básicamente encaminada a la satisfacción de un interés general –sin perjuicio de que, al mismo tiempo, produzca un beneficio especial a determinadas personas–, mientras que en el caso de la tasa la actividad administrativa está sustancialmente motivada por el particular y persigue la solución de problemas individuales, aun cuando, como es lógico, no pueda tampoco contrariar el interés general.

La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:

a) La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y demás documentos con trascendencia tributaria.
b) La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa tributaria.
c) El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales de acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente procedimiento.
d) El control y los acuerdos de simplificación relativos a la obligación de facturar, en cuanto tengan trascendencia tributaria.
e) La realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación de presentar declaraciones tributarias y de otras obligaciones formales.
f) La realización de actuaciones de verificación de datos, actuaciones de comprobación de valores y de comprobación limitada.
g) La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de verificación y comprobación realizadas.
h) La emisión de certificados tributarios.
i) La expedición y, en su caso, revocación del NIF.
j) La elaboración y mantenimiento de los censos tributarios.
k) La información y asistencia tributaria.
l) La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integradas en las funciones de inspección y recaudación.

El régimen de notificaciones es el previsto en las normas administrativas generales con algunas especialidades. En materia de notificación de valores catastrales, este régimen se aplica, supletoriamente, respecto a lo dispuesto en la normativa específica catastral.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación ha de practicarse en el lugar señalado, a tal efecto, por el mismo o su representante y, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro. En los iniciados de oficio, la notificación se debe hacer en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin.

En materia de prueba, se reitera la norma común a todo el Derecho privado: quien afirma un hecho que le favorece, debe probarlo. La Administración ha de probar la realización del hecho imponible, mientras que el obligado tributario tiene que hacer lo propio con la existencia de supuestos de no sujeción, exenciones o bonificaciones y, en general, de cualquier elemento que minore la deuda tributaria.

Resultan de aplicación, en los procedimientos tributarios, las normas que, sobre medios y valoración de prueba, se contienen en el CC art.1216 s. y en la LEC art.299 s., salvo que, legalmente, se establezca otra cosa.

La Administración debe prestar a los obligados tributarios la necesaria información y asistencia acerca de sus derechos y obligaciones. Esta se actividad se instrumenta, entre otras, a través de las siguientes actuaciones:

- publicaciones, comunicaciones y actuaciones de información;
- consultas tributarias escritas;
- información con carácter previo a la adquisición o transmisión de bienes inmuebles;
- acuerdos previos de valoración.

La Administración tributaria está sujeta al cumplimiento de determinadas obligaciones de contenido económico. Entre otras, las de realizar devoluciones derivadas de la normativa de cada tributo o de ingresos indebidos, el reembolso de los costes de las garantías y la de satisfacer intereses de demora. Además, a los deberes establecidos en relación con el desarrollo de los procedimientos tributarios previstos legalmente (LGT art.30).

Constituyen derechos de los obligados tributarios, entre otros, los siguientes:

Las deudas tributarias pueden extinguirse por pago, prescripción, compensación o condonación, por los medios previstos en la normativa aduanera y por los demás previstos en normas con rango legal.

En esta entrada de hoy vamos a analizar la primera de ellas, concretamente, el pago.

El pago de la deuda tributaria es el medio normal de extinción de la obligación tributaria. Respecto a los sujetos legitimados, en principio, cualquier persona puede llevarlo a cabo, salvo que al órgano de recaudación le conste, de forma fehaciente, la oposición del deudor.