El origen y el carácter legal del instituto del tributo no permiten una transmisión o sucesión inter vivos de los deberes y las obligaciones que lo integran, conforme recuerda el art. 17.5 LGT al privar de eficacia ante la Administración a los acuerdos entre particulares. Distinto es el caso de la sucesión mortis causa, admitida por la LGT, que en el art. 39 regula la de las personas físicas fallecidas, y en el art. 40 la de las entidades jurídicas disueltas y extinguidas, sea o no con liquidación de su haber.

Dice el artículo 41 LGT en sus dos primeros apartados:
«1. La Ley podrá configurar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades. A estos efectos, se considerarán deudores principales los obligados tributarios del apartado 2 del artículo 35 de esta Ley.
2. Salvo precepto legal expreso en contrario, la responsabilidad será siempre subsidiaria».

El artículo 17.3 de la LGT al enumerar las obligaciones tributarias materiales, incluye entre ellas las de realizar pagos a cuenta. Siendo el artículo 23 el que las describe, en su ap. 1, diciendo que consisten en satisfacer un importe a la Administración tributaria por el obligado a realizar pagos fraccionados, por el retenedor o por el obligado a ingresar a cuenta. Añadiendo que tienen carácter autónomo respecto de la obligación tributaria principal. A pesar de lo cual –dice el ap. 2 de este art. 23– el contribuyente podrá deducir de la obligación tributaria principal el importe de los pagos a cuenta soportados.

Ello reclama una explicación de cómo se articula el tributo cuando existen estas obligaciones.

Si observamos el artículo 22 LGT nos dice que: "Son supuestos de exención aquellos en que, a pesar de realizarse el hecho imponible, la ley exime del cumplimiento de la obligación tributaria principal”.

Ello es posible porque en estos casos la definición del hecho imponible no se agota con la previsión genérica del mismo y su consecuencia ordinaria de provocar el nacimiento de la obligación, sino que a tal previsión la Ley añade otra más específica, en cuya virtud ciertos supuestos incluidos en el ámbito del hecho imponible no dan lugar a dicho nacimiento, o bien lo hacen pero por cuantía inferior a la ordinaria (exenciones parciales).

Con este término se identifica por el art. 19 LGT la de pago de la cuota tributaria. Entendida con ese contenido, la obligación tributaria se caracteriza por ser obligación ex lege, de Derecho Público y constituir una obligación de dar. Lo analizamos a continuación.

OBLIGACIÓN «EX LEGE»

Según el art. 20.1 LGT, la realización del hecho imponible, o presupuesto previsto por la ley, origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. Por tanto, de las fuentes de obligaciones admitidas por el Código civil, sólo la ley es capaz de hacer nacer la obligación tributaria principal, que surgirá siempre por la realización del hecho fijado por la norma y al que ésta anuda tal consecuencia jurídica, al margen de la voluntad del particular y de la de la Administración.

EL PRINCIPIO DE CAPACIDAD ECONÓMICA 

El principio de capacidad económica es el principio material de justicia en el ámbito tributario. Principio que se recoge en el artículo 31 de la Constitución, cuando dispone que "Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica". También lo recoge el artículo 3.1 de la Ley General Tributaria.

Afirmar que se debe contribuir, que se deben pagar tributos, de acuerdo con la capacidad económica de quien los paga es una afirmación en la que todo el mundo esta conforme. Las discrepancias comienzan en el momento de determinar qué hechos son indicativos de capacidad económica. A este respecto, hay que aceptar el denominado principio de normalidad, según el cual el legislador, cuando configura una determinada situación como hecho imponible, está atendiendo a un supuesto que, normalmente, es indicativo de capacidad económica.

EL PRINCIPIO DE GENERALIDAD

Dispone el artículo 31 CE que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario...”. En el mismo sentido, el artículo 3.1 de la Ley General Tributaria previene que “La ordenación del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia, generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga tributaria y no confiscatoriedad”.

Con el término todos la Constitución ha querido hacer referencia no sólo a los ciudadanos españoles, sino también a los extranjeros, así como a las personas jurídicas, españolas y extranjeras. Esto no es más que una consecuencia del principio de territorialidad en la eficacia de las normas.

De acuerdo con el artículo 2.2.b de la Ley General Tributaria son contribuciones especiales los tributos cuyo hecho imponible consiste en la obtención por el obligado tributario de un beneficio o de un aumento de valor de sus bienes como consecuencia de la realización de obras públicas o del establecimiento o ampliación de servicios públicos.

De esta definición legal se desprende que la nota definitoria de las Contribuciones Especiales está en el aspecto material del elemento objetivo del hecho imponible, al igual que ocurre con el impuesto y la tasa. Del impuesto se diferencia en que en la Contribución Especial hay siempre una actividad administrativa. De la tasa se distingue por el hecho de que, aun cuando en las dos categorías debe concurrir una determinada actividad administrativa, la que da lugar al pago de contribuciones especiales está básicamente encaminada a la satisfacción de un interés general –sin perjuicio de que, al mismo tiempo, produzca un beneficio especial a determinadas personas–, mientras que en el caso de la tasa la actividad administrativa está sustancialmente motivada por el particular y persigue la solución de problemas individuales, aun cuando, como es lógico, no pueda tampoco contrariar el interés general.

La gestión tributaria consiste en el ejercicio de las funciones administrativas dirigidas a:

a) La recepción y tramitación de declaraciones, autoliquidaciones, comunicaciones de datos y demás documentos con trascendencia tributaria.
b) La comprobación y realización de las devoluciones previstas en la normativa tributaria.
c) El reconocimiento y comprobación de la procedencia de los beneficios fiscales de acuerdo con la normativa reguladora del correspondiente procedimiento.
d) El control y los acuerdos de simplificación relativos a la obligación de facturar, en cuanto tengan trascendencia tributaria.
e) La realización de actuaciones de control del cumplimiento de la obligación de presentar declaraciones tributarias y de otras obligaciones formales.
f) La realización de actuaciones de verificación de datos, actuaciones de comprobación de valores y de comprobación limitada.
g) La práctica de liquidaciones tributarias derivadas de las actuaciones de verificación y comprobación realizadas.
h) La emisión de certificados tributarios.
i) La expedición y, en su caso, revocación del NIF.
j) La elaboración y mantenimiento de los censos tributarios.
k) La información y asistencia tributaria.
l) La realización de las demás actuaciones de aplicación de los tributos no integradas en las funciones de inspección y recaudación.

El régimen de notificaciones es el previsto en las normas administrativas generales con algunas especialidades. En materia de notificación de valores catastrales, este régimen se aplica, supletoriamente, respecto a lo dispuesto en la normativa específica catastral.

En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación ha de practicarse en el lugar señalado, a tal efecto, por el mismo o su representante y, en su defecto, en el domicilio fiscal de uno u otro. En los iniciados de oficio, la notificación se debe hacer en el domicilio fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad económica o en cualquier otro adecuado a tal fin.

En materia de prueba, se reitera la norma común a todo el Derecho privado: quien afirma un hecho que le favorece, debe probarlo. La Administración ha de probar la realización del hecho imponible, mientras que el obligado tributario tiene que hacer lo propio con la existencia de supuestos de no sujeción, exenciones o bonificaciones y, en general, de cualquier elemento que minore la deuda tributaria.

Resultan de aplicación, en los procedimientos tributarios, las normas que, sobre medios y valoración de prueba, se contienen en el CC art.1216 s. y en la LEC art.299 s., salvo que, legalmente, se establezca otra cosa.