La nueva ley del teletrabajo nace para regular las condiciones en las que gran parte de España está trabajando actualmente. Aunque el trabajo a distancia ya estaba regulado desde años por el estatuto de los trabajadores, apenas se practicaba antes de la pandemia.

A causa de la crisis sanitaria el trabajo en remoto se ha extendido por todo el país. La nueva regulación nace para intentar que no se vulneren derechos laborales básicos. Además, en la mayoría de ocasiones, los costes derivados del teletrabajo han corrido por cuenta de los trabajadores.

Una de las principales novedades del Real Decreto-ley 30/2020, de 29 de septiembre, de medidas sociales en defensa del empleo, es la regulación de los expedientes de regulación temporal de empleo por impedimento o limitaciones de actividad, los cuales vienen a reemplazar, desde 1 de Octubre de 2020, a los anteriores ERTEs de fuerza mayor por rebrote; cuya aplicación no ha respondido a los objetivos inicialmente pretendidos y ha sido muy escasa.

El objetivo de este comentario es comentar que pasos hemos de dar si se encuentra en la situación de tener que tramitar uno de estos nuevos ERTEs porque su actividad sea vea afectada por nuevas medidas de restricción o contención sanitaria adoptadas por autoridades españolas o extranjeras, en el caso del ERTE por impedimento, o que sean consecuencia de decisiones y medidas adoptadas por autoridades españolas, en el caso del ERTE por limitaciones de actividad.

En el presente estudio vamos a tratar de analizar someramente las características más importantes que ostenta este nuevo ingreso mínimo vital, para tener claro sus elementos principales. Podemos destacar los siguientes elementos:

1) Respecto a su finalidad, el legislador lo deja bastante claro: se trata de luchar contra la desigualdad a través de la garantía de ingresos y la igualdad de oportunidades. Así lo observamos en la propia norma reguladora, cuando al delimitar su objeto indica expresamente que “tiene por objeto la creación y regulación del ingreso mínimo vital como prestación dirigida a prevenir el riesgo de pobreza y exclusión social de las personas que vivan solas o integradas en una unidad de convivencia, cuando se encuentren en una situación de vulnerabilidad por carecer de recursos económicos suficientes para la cobertura de sus necesidades básicas” (artículo 1). La idea que subyace es claramente el establecimiento de una prestación económica que cubra el riesgo general de pobreza y de exclusión social.

Comentamos en la presente entrada la Sentencia del Tribunal Supremo número 480/2020 de 18 de junio, una importante sentencia porque concluye que el pago no documentado de parte del salario (pago "en negro" como conocemos habitualmente), con elusión continuada del deber de cotizar a la Seguridad Social constituye un incumplimiento grave del empresario que puede dar lugar a la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador, y ello con independencia de que el trabajador no hubiera denunciado o reclamado con anterioridad frente a dicha conducta empresarial.

En el supuesto concreto de la sentencia se trataba de tres trabajadores que prestaban sus servicios como peones agrícolas (desde 1993 o 1997), con carácter fijo discontinuo. Cada uno de ellos percibía "una cantidad en nómina y otra en sobre". Además, "al finalizar cada periodo trabajado, la empresa emitía unos finiquitos que luego no se cobraban".

En la entrada de hoy, analizamos de forma breve el nuevo escenario que ha traído el Real Decreto-ley 30/2020 en la gestión laboral que deben llevar a cabo las empresas para recorrer por el "huracán" que para éstas está suponiendo la COVID-19. Pues bien, desde el 1 de Octubre de 2020 las empresas han de conocer muy bien las posibilidades que tienen para poder seguir aprovechando (si es que pueden) los beneficios que suponen los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo y cuáles son los pasos a seguir para poder hacerlo. Por ello, se trata de una cuestión muy importante, el conocer la situación en la que han llegado las empresas hasta 30.09.2020 y los distintos escenarios que pueden producirse, para conocer qué decisión es más acertada ejecutar.

Tenemos que distinguir, por tanto, si la empresa llega a esta fecha con un ERTE por Coronavirus todavía "vivo" que desea continuar o PRORROGAR o por el contrario necesita acogerse a un ERTE NUEVO. Este va a ser el punto de partida.

Nuestro sistema de relaciones laborales ya necesitaba una ley que regulase el trabajo a distancia y el teletrabajo, que colmase el vacío de una regulación insuficiente y ambigua, que diera una cierta seguridad jurídica sobre esta materia y protección a los derechos y las condiciones laborales de las personas trabajadoras a distancia.

Como veremos en el análisis de la norma, sitúa a la negociación colectiva como elemento significativo a la hora de desarrollar las medidas que contiene la norma. Los aspectos más problemáticos de la norma los veremos en otra entrada, aquí solamente vamos a esbozar sus elementos principales.

CON ESTA JORNADA VAS A TENER UN CONOCIMIENTO AMPLIO Y CLARO DE TODAS LAS ÚLTIMAS REFORMAS LEGALES EN RELACIÓN A LOS EXPEDIENTES DE REGULACIÓN DE EMPLEO, ASÍ COMO UN AMPLIO CONOCIMIENTO DE LOS MISMOS

Con la finalidad de responder a la necesidad de ofrecer una formación específica y eminentemente práctica que permita al operador jurídico participar de un modo eficaz, suficiente y pleno en el marco de las relaciones laborales, tu asesor laboral presenta una nueva jornada formativa. Dada la complejidad de las relaciones laborales en la actualidad, el experto laboralista debe tener una visión amplia y omnicomprensiva de los diversos aspectos que integran el Sistema de Relaciones Laborales y su aplicación práctica y debe dominar, por tanto, de un modo global la totalidad de las esferas relacionadas con el componente jurídico laboral del Derecho Laboral.

Por esta razón, hemos visto conveniente confeccionar una interesante jornada que lleva por nombre “Los expedientes de regulación de empleo”, por ser una temática más que necesaria en los tiempos que vivimos ahora.

Una vez que el sindicato o la organización patronal adquieren la personalidad jurídica tienen reconocida plena capacidad de obrar. Ello supone que, como cualquier persona jurídica, además de la posibilidad de ser titular de derechos y obligaciones, dispone de plena capacidad para ejercitarlos, para intervenir en el tráfico jurídico, administrar y disponer libremente de su patrimonio, actuar en defensa de sus intereses en el ámbito del proceso, etc. La asociación sindical o patronal, como persona jurídica que es, debe de actuar a través de órganos que expresan la voluntad de la asociación y generan los derechos y obligaciones de la asociación.

Como persona jurídica que es puede ser sujeto responsable en el orden civil. El sindicato o la asociación patronal responden como cualquier persona jurídica del cumplimiento de sus obligaciones y por tanto asumen la responsabilidad contractual y extracontractual que de ello se deriva. Como cualquier otra asociación, el sindicato o la asociación patronal están sometidos a la ley (artículo 7 CE); o, como se reconoce en la normativa internacional respecto de los sindicatos, “están obligados, lo mismo que las demás personas o las colectividades organizadas, a respetar la legalidad” (artículo 8 Convenio núm. 87 OIT).

NOTAS INTRODUCTORIAS. CONCEPTO

Como indica el profesor CARRERA RAYA: "De las tres categorías tributarias es la tasa la que presenta unas connotaciones conceptuales que se prestan a un mayor malabarismo teórico, por cuanto existen otros tipos de ingresos con los que tiene cierta semejanza".

De conformidad con el artículo 2.2, a) de la Ley General Tributaria, entendemos por tasas los "los tributos cuyo hecho imponible consiste en la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público, en la prestación de servicios o en la realización de actividades en régimen de Derecho público que se refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado tributario, cuando los servicios no sean de solicitud o recepción voluntaria por los obligados tributarios o se presten o realicen por el sector privado”.