Tras mucho trabajo en estos meses, os puedo presentar un curso experto que mucha gente nos estaba demandando: nuestro curso en “TÉCNICO LABORAL: A3 ASESOR NOM”. Curso con una materia cada vez más demandada como es la de saber gestionar todas las obligaciones administrativas laborales que tienen las empresas en la contratación de los trabajadores, en este caso, mediante la utilización de un programa altamente conocido y demandado como es A3 ASESOR NOM. Seguid leyendo porque el curso tiene bastantes novedades.
Con la finalidad de responder a la necesidad de ofrecer una formación específica y eminentemente práctica que permita al operador jurídico participar de un modo eficaz, suficiente y pleno en el marco de las relaciones laborales, tu asesor laboral presenta un nuevo curso formativo.Dada la complejidad de las relaciones laborales en la actualidad, el profesional debe tener una visión amplia y omnicomprensiva de los diversos aspectos que integran el Sistema de Relaciones Laborales y su aplicación práctica y debe dominar, por tanto, de un modo global la totalidad de las esferas relacionadas con el componente jurídico laboral del Derecho Laboral.
Por esta razón, hemos visto conveniente confeccionar un curso experto eminentemente práctico que lleva por nombre “Curso experto en técnico laboral: A3 ASESOR NOM”, por ser una temática altamente importante para todo profesional que se precie.
Vamos a estudiar en esta entrada la incapacidad temporal como motivo de suspensión del contrato de trabajo. Tendremos que acudir a las normas que regulan la Seguridad Social para tener un conocimiento más profundo de la figura, pues son aquéllas normas las que la prevén y regulan. Es la forma que tendremos para saber si una enfermedad o un accidente podría derivar en una situación de incapacidad temporal, regulada por las normas de Seguridad Social, para activar de este modo el mecanismo suspensivo y conservar el vínculo laboral.
Si acudimos al artículo 169 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, encontramos el concepto de incapacidad temporal, al decir que tendrán la consideración de situaciones determinantes de incapacidad temporal: “Las debidas a enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo, mientras el trabajador reciba asistencia sanitaria de la Seguridad Social y esté impedido para el trabajo, con una duración máxima de trescientos sesenta y cinco días, prorrogables por otros ciento ochenta días cuando se presuma que durante ellos puede el trabajador ser dado de alta médica por curación”.
Me decidí a escribir y sobre todo a dejar el debate abierto sobre este tema tras leer una Resolución del Parlamento Europeo del año 2017 relativa a normas de Derecho Civil en la robótica, en la que dice expresamente: “ahora que la humanidad se encuentra a las puertas de una era en la que robots, bots, androides y otras formas de inteligencia artificial cada vez más sofisticadas parecen dispuestas a desencadenar una nueva revolución industrial que probablemente afecte a todos los estratos de la sociedad” y el Parlamento dejaba abierto al legislador que se tenía que ir estudiando desde ya que consecuencias jurídicas podría provocar tal fenómeno.
Una consecuencia que va a traer esta “revolución industrial”, que en mi opinión, va a ser mucho más que eso, es de carácter social, y nos planteamos si el desarrollo de estas máquinas inteligentes debería conllevar que cotizaran a la seguridad social. Parece algo de película ¿verdad? lo que estoy diciendo pero según vayáis leyendo entenderéis el porqué.
Dentro del proceso laboral el derecho a recurrir está condicionado al cumplimiento de unos requisitos formales establecidos en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social (LRJS), sin que tales exigencias constituyan por sí mismas, lesiones al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, ya que, en definitiva, y como ha tenido ocasión de señalar el Tribunal Constitucional, el derecho a recurrir es un derecho de estricta configuración legal.
Esto viene a significar que si bien el legislador no viene obligado a diseñar un sistema determinado de recursos, una vez que la Ley ha establecido tal sistema, el derecho al recurso, en los términos y con los requisitos establecidos legalmente, pasa a integrar, en principio, el derecho a la tutela judicial efectiva.
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Ángel Ureña Martín
Soy un letrado laboralista apasionado por el Derecho Laboral, director de este blog y colaborador habitual en varios portales jurídicos. Saber más
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