La ausencia de todos o parte de requisitos necesarios para que el acto produzca los efectos para los que estaba previsto, conlleva la declaración de ineficacia del acto, que puede apreciarse, tanto a instancia de la parte que le perjudica, como de oficio por el propio órgano judicial, aunque las consecuencias de dicha declaración serán diferentes, atendiendo a la naturaleza del acto:

NULIDAD ABSOLUTA (O DE PLENO DERECHO)

Se trata de la consecuencia más grave que puede recibir un acto procesal, y esta solo se produce cuando omite los requisitos esenciales o indispensables para lograr su fin o cuando coloque a alguna de las partes en una situación de efectiva indefensión. Como la nulidad de pleno derecho es un remedio excepcional, solo se puede acordar en los supuestos que describe el art. 238 LOPJ, y 225 LEC.

Pues como viene siendo ya de costumbre desde que comenzó el estado de alarma, que no nos deja mucho tiempo para analizar las nuevas normas de manera sosegada, procedemos de forma urgente y práctica a comentar las principales novedades que incorpora el Real Decreto-Ley 18/2020, de 12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo, y que entro en vigor el pasado 13 de mayo de 2020, el cual deriva del denominado “Acuerdo Social en Defensa del Empleo” que suscribieron los agentes sociales y el Gobierno.

La principal novedad a destacar es la ampliación temporal de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor derivados de la crisis sanitaria y su desvinculación del estado de alarma, así como las matizaciones o flexibilizaciones que se incorporan a la cláusula temporal de mantenimiento del empleo ligada a los citados ERTE.

Hemos de comenzar indicando que nuestra norma procesal laboral es bastante más exigente que la civil al imponer determinadas exigencias formales a la sentencia laboral, pues la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC) no impone a priori una determinada extensión o un cierto modo de razonar, tales como expresar porqué se ha llegado a establecer como probados determinados hechos o la de exigir que el fallo debe fundamentarse “suficientemente”.

El primer requisito que debe cumplir la motivación de la sentencia es que la misma sea expresa, es decir, que se exteriorice mediante la exposición y valoración de los elementos de hecho que llevan a la producción de la decisión judicial en el correspondiente fundamento de la sentencia, de manera que, tanto partes como en su caso el órgano superior puedan conocer las razones que han conducido a su pronunciamiento. 

Como ya viene siendo de costumbre durante estos meses que llevamos de estado de alarma, volvemos a comentar una nueva norma que tiene implicaciones para los operadores jurídicos. Se trata del Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Empezando ya con una opinión personal, creo que esta nueva norma no va a ayudar mucho a superar el colapso judicial generado por la crisis del coronavirus que, como sabemos, la declaración del estado de alarma, paralizo todos los plazos procesales y suspendió la actividad judicial. Estamos más ante un parche, máxime teniendo en cuenta su ratio temporal de vigencia de tres meses.

El RDL 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, tiene como uno de sus objetos principales establecer actuaciones encaminadas a apoyar a empresas y autónomos. Para dar cumplimiento al mismo, dentro del Capítulo I de dicha disposición, titulado genéricamente “Medidas de apoyo a los trabajadores, consumidores, familias y colectivos vulnerables”, la sección segunda, bajo la denominación de “Medidas de apoyo a los autónomos” contiene dos preceptos (artículos 33 y 34) que se refieren específicamente al pago de las cotizaciones a la Seguridad Social.

Hemos de comenzar indicando que, a pesar del título, resulta que casi todas las medidas allí previstas no se refieren únicamente a los trabajadores por cuenta propia, sino también, a las empresas, entendiendo por éstas aquéllas que son titulares de relaciones laborales, sin más precisiones, lo que nos permite entender que se refiere a todas las empresas que, en cada una de las medidas establecidas, cumplan con los requisitos que prevé la norma que las regula.

El pasado 8 de abril de 2020 se publicó el Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en materia de empleo agrario y, como viene siendo de costumbre, ha aprovechado la ocasión para reformar, en parte, el régimen jurídico de la prestación extraordinaria por cese de actividad de los trabajadores autónomos regulada por el artículo 17 RDL 8/2020. La finalidad de esta entrada es analizar cuáles son las novedades que ha introducido la norma en relación a esta modificación.

1) La norma viene a recoger específicamente el ámbito subjetivo de la prestación, estableciendo que la prestación alcanzará a “los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, los trabajadores autónomos agrarios incluidos en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios y los trabajadores autónomos incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores del Mar”.

El pasado 1 de abril se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19. Ante la gravedad de la situación que vivimos, se vuelven a adoptar medidas para paliar los devastadores efectos de la paralización de la economía por la adopción del Estado de Alarma.

Estamos viviendo una vorágine de normas, sobre todo en el ámbito laboral que hace que sea complicado estudiarlas y analizarlas debidamente por falta de tiempo y, en muchas ocasiones, por la mala redacción que se da a algunos de los preceptos que hace que sea complejo su entendimiento. En la norma de hoy, norma muy extensa, se vienen a adoptar normas para proteger a los trabajadores por la pérdida o suspensión de la relación laboral a causa de la falta de actividad producida por el Estado de Alarma.

A día de hoy continuamos en plena lucha contra el COVID-19, que esta conllevando un aluvión de disposiciones de contenido jurídico-laboral, afectando al régimen ordinario de las relaciones laborales.

La norma que comentamos hoy se trata del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19.

Se trata de una norma relativamente breve. Se estructura en cinco artículos, con ocho apartados, dos disposiciones transitorias, cinco disposiciones adicionales y una disposición adicional única. Concluye con la incorporación de un Anexo. Por lo que en la entrada de hoy vamos a dar cuenta de su contenido.

En el día de hoy volvemos con el comentario de urgencia de otra nueva norma debido a la incesante crisis derivado del COVID-19 que estamos viviendo y que esta provocando un escenario de adaptación de la normativa a un escenario en constante evolución día a día. La norma que comentamos hoy es el Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias, en el ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19, y que tiene por objeto complementar, corregir y/o añadir nuevas disposiciones con respecto a lo previsto en el RDLey 8/2020.

Como vengo haciendo en entradas anteriores, vamos a analizar brevemente las medidas que nos trae esta nueva norma, los detalles más importantes de la misma a la espera de análisis posteriores más en detalle.